Entre los muchos esfuerzos mundiales (sinceros o no) por arreglar nuestro maltrecho mundo se lleva a cabo en México la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, por conveniencia llamada COP16. En ella intentan crear una arquitectura legal para una acción global en contra del cambio climático, con plazos y compromisos concretos.
Aunque en teoría el cambio climático es un asunto que debería interesar mucho a todos los países y a todas las personas, existen discrepancias acerca del tema. Los principales involucrados lanzan la culpa unos a otros y nadie desea ceder primero; al mismo tiempo los países isleños, costeros y que casi no contribuyen al cambio climático exigen que se cumplan las sugerencias hechas por distintas organizaciones ambientalistas; todo esto mientras algunos grupos de científicos aseguran que el cambio climático es sólo un gran engaño (entre los economistas podemos contar a Sala i Martín, el respetado investigador del crecimiento económico).
Olvidemos la discusión sobre si el cambio climático es un mito (esa controversia requeriría un post aparte) y centrémonos en uno de los temas que generan la mayor divergencia de opiniones entre las naciones, el derecho al desarrollo.
Bajo la premisa de que para crecer económicamente es inevitable contaminar, los países en vías de desarrollo ven con desagrado las propuestas de reducción de gases invernadero ya que esto disminuiría la velocidad de acceso al grupo de naciones ricas. Al mismo tiempo las naciones ricas no desean cumplir con las reducciones ya que esto disminuiría sus ganancias y por lo tanto se deterioraría su estilo de vida. Después de muchas discusiones, una de las soluciones que se proponen para cumplir con la reducción de emisiones es introducir tecnologías para que disminuya el impacto ambiental de la producción sin que se vea mermada la productividad. Esto último nos lleva a otro problema: ¿quién debe pagar por el desarrollo e implementación de estas tecnologías limpias? Se argumenta que los iniciadores del desajuste ambiental (los países ricos) deben financiar a los que están por desarrollarse, ya que sí no hubieran crecido con un patrón agresivo para el ambiente no existiría la emergencia ecológica actual. Los países desarrollados replican diciendo que en los países en vías de desarrollo no existen las condiciones para la introducción de tecnologías limpias por distintos factores.
En el siguiente post sobre el tema: ¿Quiénes contaminan más y qué están haciendo para arreglarlo? ¿Cómo es la correlación entre la productividad, el producto y la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero?
Aunque en teoría el cambio climático es un asunto que debería interesar mucho a todos los países y a todas las personas, existen discrepancias acerca del tema. Los principales involucrados lanzan la culpa unos a otros y nadie desea ceder primero; al mismo tiempo los países isleños, costeros y que casi no contribuyen al cambio climático exigen que se cumplan las sugerencias hechas por distintas organizaciones ambientalistas; todo esto mientras algunos grupos de científicos aseguran que el cambio climático es sólo un gran engaño (entre los economistas podemos contar a Sala i Martín, el respetado investigador del crecimiento económico).
Olvidemos la discusión sobre si el cambio climático es un mito (esa controversia requeriría un post aparte) y centrémonos en uno de los temas que generan la mayor divergencia de opiniones entre las naciones, el derecho al desarrollo.
Bajo la premisa de que para crecer económicamente es inevitable contaminar, los países en vías de desarrollo ven con desagrado las propuestas de reducción de gases invernadero ya que esto disminuiría la velocidad de acceso al grupo de naciones ricas. Al mismo tiempo las naciones ricas no desean cumplir con las reducciones ya que esto disminuiría sus ganancias y por lo tanto se deterioraría su estilo de vida. Después de muchas discusiones, una de las soluciones que se proponen para cumplir con la reducción de emisiones es introducir tecnologías para que disminuya el impacto ambiental de la producción sin que se vea mermada la productividad. Esto último nos lleva a otro problema: ¿quién debe pagar por el desarrollo e implementación de estas tecnologías limpias? Se argumenta que los iniciadores del desajuste ambiental (los países ricos) deben financiar a los que están por desarrollarse, ya que sí no hubieran crecido con un patrón agresivo para el ambiente no existiría la emergencia ecológica actual. Los países desarrollados replican diciendo que en los países en vías de desarrollo no existen las condiciones para la introducción de tecnologías limpias por distintos factores.
En el siguiente post sobre el tema: ¿Quiénes contaminan más y qué están haciendo para arreglarlo? ¿Cómo es la correlación entre la productividad, el producto y la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero?
